POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Gobiernos populistas de derecha, de izquierda, “mancos” coinciden en polarizar e imponer relatos que limitan la democracia. Conmigo o enemigo, es la divisa.
El lenguaje violento se derrama en cascada y copa ámbitos sociales que optan por el insulto y la amenaza como primera instancia ante cualquier mínima diferencia. El muladar de las redes, el ecosistema digital se torna irrespirable. Nadie está a salvo.
Domina el criterio de “curar” la disfunción democrática echando al zafacón constitución y leyes. Al carajo los derechos humanos.
Los funcionarios deben atender a la jauría mediática, al margen de sus obligaciones institucionales, so pena del implacable escarnio. Los periodistas y los medios de comunicación responsables, que resisten olvidar su función social sufren sistemáticas campañas difamatorias. Hasta escraches.
El gobierno abinaderista presta demasiada atención a la presión mediática, sin importar si se trata de evidente chantaje, de reclamo de dinero en un área de la administración. Se inclina por eliminar el ruido, aunque fuere una decisión oficial pensada y de beneficio ulterior para el país.
La peligrosa situación afecta ayuntamientos y al Congreso Nacional, escenarios donde se deshacen decisiones y proyectos debido a ruidosas campañas, que en muchos casos son evidentes los intereses saboteadores actuantes. Hasta ahora la justicia aguanta algunas embestidas. (El Tribunal Constitucional decidió un recurso en favor de los derechos de emigrantes y ha tenido que soportar los peores horrores).
¿Un Estado chantajeable? Lamentablemente ocurre. Y en el sector empresarial, también.
Muchos cometen el error de pagar y fortalecen la industria del chantaje, lo que presiona a los pocos que rechazan utilizar fondos públicos en alimentar a estas fieras. Cuando un funcionario, harto de abusos y mentiras intenta ventilar el asunto en los tribunales, desde lo alto del poder se le desestimula: “es peor. Será mayor el ruido”, se podría escuchar. Pese a “recomendación” algunos han tomado el camino de los tribunales (y nuevas campañas, entonces alegando “persecución” del gobierno), al igual que varios periodistas.
La insólita situación frena el trabajo de muchos funcionarios y está forzando la autocensura. Hay temor de ser linchado en las redes por una opinión que ofenda a fundamentalistas o vaya en contra de sus intereses abiertos u ocultos.
En el tema migratorio se dan los peores excesos y cualquier diferencia con un ultra inicia con el disparo: “traidor”.
Sufrí una frustrante experiencia en una entrevista al senador de Bahoruco, Andrés Guillermo Lama, en el programa A Diario, al procurar su opinión sobre el tema migratorio y las expulsiones masivas de haitianos.
“Es un tema…no quiero decir complejo ni delicado… pudiera decir, que ahora un poco fanatizado. Yo desde el Congreso doy respuesta a todo lo que me preguntan, con criterio propio… pero muchas veces no entiendo esta irracionalidad”, dudaba el legislador. Días anteriores lo habían fulminado por plantear la necesidad de mano de obra haitiana en el país.
“Los haitianos son nuestros vecinos… pero YO TENGO HASTA TEMOR de hablar del tema haitiano, porque con una simple opinión fui vilmente…” vacilaba, al recordar su reciente linchamiento mediático.
Aquello fue penoso. Un miembro del parlamento, primer poder del Estado, el espacio de las grandes discusiones nacionales con temor a la jauría mediática, en un tema fundamental.
Si muchos funcionarios temen actuar y ya hasta legisladores huyen de asumir posturas públicas frente a los principales asuntos nacionales, es urgente frenar esta deriva autoritaria, de intolerancia a la opinión del otro.
En un contexto de persecución de las ideas y autocensura, es fácil entronizar cualquier proyecto que arrase con las libertades públicas. Ejemplos cercanos sobran.
¿Qué esperamos? Ahora que el liderazgo político es capaz de conversar, es oportuno este tema en la agenda.
